Por: Cristhian Jiménez
El ambicioso y oportunista banquero dispuso borrar grabaciones de cámaras que había instalado para espiar a ejecutivos y accionistas, pero un jovencito de costosa contratación en dólares recobró las filmaciones en las que aquel instruía a funcionarios mentir a las autoridades regulatorias.
Las grabaciones sepultaron las mentiras del individuo, quien pretendía convertir en cómplices a quienes había engañado y casi arruinado, ya que tuvieron que responder con sus ahorros y bienes por la defraudación en su condición de directores.
Para mala suerte de los timadores superamos la etapa de las trituradoras de papeles y ahora todo lo que se digitaliza guarda rastros, que imposibilita la labor de borrado absoluto hasta para los más hábiles expertos israelíes.
Las leyes sobre sobre transparencia en la contratación de compras de productos y servicios han mejorado, aunque siempre hay astutos, que pese a no haber hecho las leyes conocen ampliamente las trampas.
Individuos conectados con los departamentos de compras de ministerios y agencias del gobierno pasan por encima o se escabullen por rendijas de las normas o son enviados desde el centro del poder con advertencias a incumbentes para que atienda los llamados de la sangre o la carne.
En ocasiones el propio cabeza de la institución es que estructura el esquema con varias empresas propias que compitan en las “licitaciones” que patrocina, e incluye pequeñas y medianas para cubrir la parte de la obligatoriedad de favorecer a las mypimes con un 20 por ciento del total de las contrataciones.
Luego, conocedores de las informaciones o realizados los requerimientos a la medida de la conspiración, ofrecen mejores ofertas técnicas y financieras y, ¡arbricias!, sus compañías son las ganadoras.
¿Cómo resolver, entonces el problema de que ofrecieron un producto a cinco pesos que los demás estaban imposibilitados de vender a menos de 10? Sencillo: entregando la mitad o reduciendo su calidad a mera porquería. Hasta en productos alimenticios aplicaron esta criminal fórmula autoridades del gobierno saliente.
Empleados que recibían mercancías eran amenazados o seriamente advertidos de firmar conforme a lo pactado y que figuraba en el papel sin importar cantidades o condiciones. Ya hay muchas personas dispuestas a hablar y que han adelantado informaciones y documentos.
Entonces, en este contexto es lógico que después de los excesos en la campaña electoral municipal y las locuras en las presidenciales y congresuales en medio de la pandemia, se intente borrar evidencias de las millonarias irregularidades.
El presidente Abinader denunció que el gobierno carece de informaciones sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia “porque se llevaron los discos duros de las computadoras”. La saliente directora, Iris Guana explicó que los datos están en archivos en la nube, aunque luego admitió que autorizó a las encargadas administrativa y jurídica a retirar los discos, que alegaron tener allí información personal.
En el caso de Promese, la vicepresidenta Raquel Peña denunció que encontraron bloqueado el sistema de computadoras. El exdirector, Enriquillo Matos rechazó la acusación.
La Procuraduría General de la República, responsable de la investigación y persecución penal ha sufrido una situación similar, según informes confiables.
Un equipo de expertos con auxilio externo laboran en la recuperación de informaciones consideradas sensitivas y que no han sido encontradas en los servidores.
Desde ese despacho el anterior incumbente, Jean Alain Rodríguez espió y fabricó acusaciones contra la actual Procuradora, Miriam Germán, cuando la funcionaria se desempeñaba como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Pronto habrá “humo blanco”, se espera, sin tener que recurrir a un contrato en dólares, como se vieron obligados aquellos banqueros en 2006.
