Por Monchy Roquez
Abogado, politólogo, docente y comunicador
Cada cuatro años en la República dominicana se produce un cambio de gobierno y se lleva de paro no solo la vieja administración, sino, que implica entre otras cosas, el cambio de identidad corporativa de Gobierno.
Antes de entrar en algunos detalles, definamos que es identidad corporativa:
La identidad corporativa es la forma en que una organización se proyecta y comunica su propósito y propuesta de valor a sus grupos de interés.
La identidad corporativa abarca muchos aspectos; la representación visual, el desarrollo de elementos de comunicación, colores, tipografías y publicidad que van a lo tangible. También existen aspectos intangibles como la misión, valores, filosofía y otros factores esenciales para la organización en sus métodos de comunicación
Cualquier empresa o institución, con independencia de su tamaño o sector de actividad, se manifiesta a través de cuatro tipos de soportes:
Gráficos: como la papelería, tarjetas, facturas, saludas, etc…
Audiovisuales: todo tipo de anuncios, vídeos…
Interactivos: página web, determinadas expresiones en las redes sociales…
Físicos: oficinas, tiendas, espacios donde se proveen servicios
Es momento preciso para hacer varias puntualizaciones al respecto.
Un país no es una administración; un Estado debe estar por encima de la pretensión del grupo que gobierna.
Es inadmisible que cada cuatro años que un presidente llegue al poder ajuste toda la identidad corporativa de su mandato y se gasten recursos de todos los dominicanos y dominicanas en ello.
No podemos estar sometidos cada cuatro años a la identidad del gobierno de turno. Debemos por ley decir no a la identidad de cada cuatro años, al cambio de slogan institucional en cada administración que llega.
Así como existen muchas cosas reguladas, debemos decir que no al político de turno, al alcalde, al congreso y a cualquier otra institución que maneje recursos públicos, utilizar dinero del Estado para promocionar cada gestión como si fuera una empresa personal.
Lo que debe promover cada gobierno y cada institución son los servicios que brinda a través de las instituciones.
Debemos procurar que haya austeridad y transparencia en el Estado y que se fortalezca la institucionalidad.
Sin embargo, en un acto de objetividad y rescatando la parte positiva de este rebranding, sostengo lo siguiente: creo que nunca habíamos tenido una identidad gubernamental tan limpia y cuidada como ahora, que acompañada con el nivel de desempeño y de aprobación que está teniendo la presente administración por la lucha anticorrupción, un presidente con un alto índice de aprobación, marcando un referente de honestidad y transparencia en el ejercicio público debe ser el punto de partida y debe aprovecharse para solucionar por ley el uso innecesario de los recursos del Estado en ese sentido.
Ya otros países lo han prohibido o están en el proceso de detener esta práctica, como es el caso de Colombia.
Esperamos que algún congresista o aspirante congresual se atreva y presente un proyecto que ponga fin a la identidad de gobierno cada cuatro años y solo se modifique si existe una razón de peso mayor, una razón de país que lleve a una modificación y no una aspiración del gobierno de turno.
Y eso no debe ser solo en el Gobierno, debe ser también en las instituciones autónomas, cuyo dinero también viene del Estado.
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