Una de las actividades humanas más afectadas con el cierre del mundo como consecuencia de la pandemia de covid-19 fue la educativa, pues los países tuvieron que entrar en una virtualidad debido a que una gran mayoría no estaba preparada, razón por la cual el resultado no podía ser ni siquiera regular.
Entre las naciones con mayores precariedades está la nuestra, no porque estemos en los peores lugares de desarrollo en la región, sino porque en lo tocante a la llamada conectividad tenemos una de las brechas más amplias.
Esto, aunque plantee un contrasentido, se da muy a pesar de que en la República Dominicana se disponen de relativos avances en materia de comunicación, muy por delante de otros países de Latinoamérica.
Sin embargo, al entrar por obligación a la virtualidad educativa preuniversitaria, nos encontramos con que una gran cantidad de la población estudiantil carecía de acceso a internet o su conectividad era tan precaria que no disponía de acceso permanente a los contenidos puestos en línea.
Ante esa realidad se tuvo que recurrir a métodos ya superados, como fue el uso masivo de la televisión y la radio, de modo que la falta de acceso seguro a internet fuera suplida por vía de esos medios de comunicación electrónicos.
De todos modos, y pese al gran esfuerzo de las autoridades y a la enorme inversión presupuestaria, al final del año lectivo los resultados no fueron los deseados, si bien se decidió darlos como buenos para pasar esa página y avanzar hacia el siguiente piso.
Frente a esta realidad, y ante el hecho de que es en el presente año cuando ha empezado una normalidad relativa, resulta una insensatez de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizar la docencia en las escuelas públicas para hacer valer sus reclamos.
En este país—y probablemente en el mundo—los niveles de sacrificio en que han tenido que incurrir todos los sectores ha sido la conducta correcta para contribuir a hacerle frente a una desgracia sanitaria y sus derivaciones, de la cual nadie es responsable, sino que todos de alguna manera somos víctimas.
Además, está demostrado que en el sector público los maestros no son los más afectados por los bajos salarios, una situación generalizada que toca a la inmensa mayoría de los servicios del Estado, con la excepción de algunas instituciones que proporcionan buena remuneración a su plantilla.
Si lo analizamos de manera sectorial, nos topamos con la realidad de los servidores del área de la salud, en especial médicos y enfermeras; y lo mismo podemos decir de los ingenieros, agrónomos, veterinarios y otros profesionales con salarios míseros. ¡ADP, sensatez, por favor!
