Pulpos y democracia

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Cristhian Jimenez

Pese al ruidoso rechazo pele­deísta y la silen­te molestia de la partidocracia tradicional, incluidos perre­meístas, las iniciativas anti­corrupción emprendida por un ministerio público inde­pendiente podrían contener la hemorragia moral parti­daria e iniciar un proceso de sanación de la democracia dominicana.

Diversas afecciones, tra­tadas con placebos gene­raron una septicemia en el cuerpo social, que obligó al reclamo y búsqueda de un médico externo. La am­putación de miembros pu­trefactos apenas comien­za.

Los datos preliminares de los desafueros de un po­der desbordado espantan, aunque las redes socia­les y programas de inves­tigación habían ofrecido “avances”, que fidelizaron votos anticorrupción.

Solo algunos tentácu­los de uno de los más in­fluyentes individuos en la administración de Danilo Medina, según la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción, y ya contamos miles de millones de pesos que habrían sido sustraídos al contribuyente.

Entre los primeros 10 apresados y bajo acusa­ción de corrupción y lava­do de activos están los her­manos del expresidente Medina, Alexis y Carmen Magalys, hecho solo posi­ble en la debilucha insti­tucionalidad dominicana, con una Procuraduría que no respondiera a un tele­fonazo presidencial.

En una circunstancia distinta se habría alegado, como en el pasado, que la familia presidencial se res­peta, cuando en realidad los presidentes y sus pa­rientes y allegados deben respetar la Constitución y las leyes para ganar la esti­ma pública y evitar conse­cuencias penales.

La investigación y posi­ble sometimiento a la jus­ticia de familiares presi­denciales no es atropello ni persecución cuando se fundamenta la imputación y se respeta el debido pro­ceso.

El presidente Luis Abi­nader y su partido, el Re­volucionario Moderno (PRM) asumieron un gri­to general ciudadano de fin de la corrupción y de la impunidad y, hasta ahora, el mandatario ha sido con­secuente con el reclamo.

Abinader se desprendió del brazo persecutor del ministerio público, y ha evitado dirigentes de par­tidos en altas cortes, órga­nos constituciones y en la ahora temida dirección de Contrataciones públicas.

Todo esto desaconseja­do por sectores y dirigen­tes de su partido, que en­tienden que después de 16 años de fiesta presupues­taria morada, tocaba el turno para una suerte de “acumulación originaria” a los nuevos funcionarios.

“Este gobierno ha re­nunciado al poder que tu­vieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie le pro­tegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra y así será”, advirtió Abinader en docu­mento dirigido a sus fun­cionarios.

La acción de los fiscales, que provocó acusaciones de Medina y el PLD sobre alegado abuso de poder, es disuasiva (o debe serlo) y goza del apoyo ciudadano y garantía del distancia­miento presidencial.

Abre el camino al casti­go del desenfreno del uso de fondos públicos, redu­ce la odiosa impunidad y contiene ambiciones de los nuevos inquilinos que no sintonizan con el com­promiso y discurso del presidente Abinader. Qui­zás ahora no se aprecie, pero es el mejor servicio a la sobrevivencia del siste­ma de partidos y de la de­mocracia.

No hay forma de validar supuesta persecución polí­tica, ni alegada venganza de un ministerio público que ha resistido presiones ciudadanas que apuraban la actuación investigadora y de persecución.

Danilo Medina, afecta­do emocionalmente por los acontecimientos, erró al intentar acusar al minis­terio público del suicidio de un colaborar y escan­dalizó al país al plantear que la salida digna ante una acusación de corrup­ción es quitarse la vida.

Y cayó en el ridículo al decir, citado por el abo­gado Carlos Salcedo, que desconocía que su herma­no Alexis fuera suplidor del Estado.(Esto pese a la capacidad de los pulpos de camuflarse a la vista de un posible atacante y de es­capar a las contingencias más difíciles)

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