La Corte Suprema permitirá al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con su plan de “carga pública”, a fin de evitar otorgar beneficios migratorios a extranjeros que hayan utilizado apoyos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de asistencia para vivienda.
El máximo tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de distrito en Nueva York, lo que significa que la Administración Trump puede comenzar a aplicar los nuevos estándares, que según los activistas supondría una carga para los inmigrantes pobres.
La regla de “carga pública” establece nuevos criterios para determinar quién puede ser considerado dependiente del gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, inviable a obtener la Residencia Permanente y otras visas.
El plan impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que sería implementado por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) evaluará a los inmigrantes de acuerdo a las ayudas en especie y monetarias que reciba, ya que si han utilizado algún apoyo durante 12 meses en un periodo de tres años, podría recibir evaluaciones negativas sobre sus peticiones de “green card”.
La agencia reportó que más de 380,000 personas estarían bajo escrutinio anualmente bajo esta regla, una de las más importantes para la Administración Trump
Otros factores negativos incluyen si una persona está desempleada, dejó la escuela secundaria o no habla inglés con fluidez.
Los jueces votaron 5-4 a favor de levantar la restricción judicial. La opinión del juez Neil Gorsuch –nombrado por el presidente Trump– fue rechazada por los jueces liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Gorsuch relató el proceso en cortes que ha enfrentado la regla y los esfuerzos de la fiscalía de Nueva York, liderada por Letitia James, para detener el plan federal y destacó que los tribunales, incluidos los de Apelación, tomaron decisiones contradictorias, debido a posturas divergentes en mandatos de impacto nacional.
“Estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal de emitir una suspensión (a la orden judicial). Pero yo espero, también, que en una coyuntura apropiada retomemos algunas de las cuestiones subyacentes… constitucionales planteadas por el aumento de los mandatos a nivel nacional”, acotó.
El abogado migratorio Allan Wernick –director del programa Citizenship Now! de la Universidad de New York– destacó que USCIS puede aplicar la regla en forma inmediata, pero el Departamento de Estado, que tiene una normativa similar, continuará con el proceso para integrar los comentarios públicos, antes de proceder con su aplicación en consulados.
