SAN PEDRO DE MACORÍS.- De acuerdo a dos carta filtradas se evidencia que la fiscal del Ministerio Público Luz Almonte Pérez, que no fue suspendida del caso de la abogada asesinada Anibel González, figura en la misiva del “Acuerdo Parcial” que dejó en libertad a su homicida, según consta en dichos documentos.
“La suscrita, Licda. Margarita Hernández, Coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delito Sexual de San Pedro de Macorís, quienes tiene a bien por medio de la presente, hacer entrega por este medio del Acuerdo entre las partes citadas en el asunto para fines de verificación y validación de [arte de usted, a fin de confirmar que el mismo contiene las prerrogativas establecidas en la reunión, sostenida entre dichas partes y usted en su despacho, en fecha 14/01/2019, en la cual la Ministerio Público Luz Almonte Pérez, participó en nuestra representación”, conforme un fragmento de la carta.
Luz Aurora Almonte, fue la fiscal que notificó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, así como a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, lo relativo al acuerdo parcial que hizo la fiscalía de San Pedro de Macorís con la expareja de Anibel González.
De acuerdo a una fotografía del documento titulado: Informe sobre acuerdo parcial en caso de TENTATIVA DE HOMICIDIO en caso de violencia de género en San Pedro de Macorís, el documento fue recibido por la Dirección General de Persecución, la Secretaría General de Correspondencia y la Dirección de Violencia de Género en fechas 28 de febrero del año 2019.
En la misiva se observa un arreglo de libertad entre el agresor Yamil Oscar Fernández y la víctima Anibel González, que conforme manifestó en el escrito su interés en “no continuar con el proceso por razones personales”, tras denunciar a su ex pareja de herirla en diciembre del 2017 de varias heridas con un arma blanca.
Según los familiares de la mujer de 30 años de edad, el agresor Yasmil Oscar Fernández Estévez, perseguía a su víctima aún cuando se encontraba detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, y de donde salió hace solo dos meses, por haberle propinado siete estocadas en el 2017 a González Ureña.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República informó que designó una comisión para llegar más a fondo en el caso.
Para la investigación de este caso se designó al magistrado Bolívar Sánchez, inspector general del Ministerio Público, y a Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, el Consejo del Ministerio Público suspendió a los fiscales suspendidos Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, quienes actuaron en el proceso penal seguido en el departamento judicial de San Pedro de Macorís contra el señor Yasmil Oscar Fernández, quien provocó la muerte a su expareja Anibel González, violaron dos instrucciones del procurador general de la República que deben aplicar los representantes del Ministerio Público para el abordaje correcto de esos casos.
En torno a este caso, la institución aclaró los detalles sobre el informe elaborado por la fiscal adscrita a dicha unidad, Luz Aurora Almonte de fecha 28 de febrero del presente año, donde daba a conocer el acuerdo parcial en caso de tentativa de homicidio, resaltando que el mismo fue solicitado por el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada tomando en cuenta que con anterioridad el mismo había ordenado al fiscal Pedro Núñez realizar una investigación sobre probables irregularidades en el proceso judicial de este mismo caso.
Indicó en ese sentido, que tan pronto tuvo conocimiento de que se había instrumentado el referido acuerdo parcial, en fecha 11 de febrero de 2019, el magistrado Fernando Quezada remitió al fiscal Pedro Núñez un oficio mediante el cual le ordenaba realizar una exhaustiva investigación en torno al mismo para establecer si hubo irregularidades, la cual a la fecha no había concluído.
El acuerdo fue depositado y aprobado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en el mes de enero de este año.
“La investigación preliminar ha evidenciado que había causales para revocar el acuerdo, que aun la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público”, se indicó la nota de PGR.
