Santo Domingo, RD.– El director general de Migración, Venancio Alcántara, reunió a jefes Departamentales, Dirección de Inteligencia, agentes migratorios y a choferes de la institución, a quienes reiteró las advertencias sobre las drásticas sanciones que podría enfrentar cualquier servidor público que se vea envuelto en acciones corruptas como el cobro de «Peaje», «Macuteo» u otra acción reñida con la ley.
Durante una reunión rutinaria de trabajo, el titular de Migración exhortó además, al personal, continuar realizando una labor apegada a las normas, la ética y la transparencia, tras asegurar que los ojos del país y la comunidad internacional están puestos en la institución que dirige, como responsable de ejecutar las políticas migratorias que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader.
En tal sentido, indicó que dada esta realidad, los colaboradores de la institución deben actuar en el marco de la legalidad, el respeto a las normas, los derechos humanos y la integridad de cada persona sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, en cumplimiento al procedimiento y protocolo establecidos para contrarrestar el flujo migratorio irregular.
Del encuentro participaron agentes de interdicción, choferes de la DGM, los Directores de Inteligencia y de Control Migratorio, Emanuel Tapia y Yudith García, respectivamente, así como el Encargado de Transportación, Carlos Rojas, el Coordinador de Interdicción nacional, Ewrys Roque, así como el Coordinador militar Coronel Segura y el encargado de capacitación Arlintong Duran.
Durante la reunión con coordinadores departamentales, personal de Interdicción migratoria y otros servidores, el director general de Migración trató otros temas de suma importancia, además instó a los servidores públicos a no incurrir en faltas deshonrosas para la institución, tras advertir que no tolerará se cometan acciones reñida con la ley.
Así mismo, recordó que la transparencia y la institucionalidad son temas de prioridad en la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, para evitar que se cometan viejas prácticas en la administración pública, a la vez de reiterar que no permitirá bajo ninguna circunstancias que se vulnere la ley.
