sábado, abril 27, 2024
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Fundación Justicia y Transparencia advierte sobre “apagón constitucional” si no se celebran elecciones antes del 16 de agosto.

SANTO DOMINGO.- .-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) advirtió este lunes que “ante la muy probable eventualidad” de que tampoco se celebrarse elecciones las elecciones presidenciales y municipales antes del 16 de agosto, porque persistan las causas y el estado de emergencia generado por el coronavirus, se produciria en el país  “un apagón constitucional”.

En ese sentido, la entidad de la sociedad civil entiende que ese eventual escenario “nos llevaría a precisar del mayor consenso y discusión de nuestra clase política, para barajar una posible reforma constitucional, y cuáles serían las formulas a considerar, para la estructuración de un esquema, que de forma provisional maneje los destinos del país”.

Esto así, según expresa la FJT en un comunicado, porque el artículo 274 de la Constitución, de manera expresa le pone un plazo de caducidad, de término al mandato de los funcionarios electivos de cuatro años, o al período constitucional,  por lo que “fuera de ahí indefectiblemente estaríamos en una situación de quiebre democrático y constitucional”.

Por tal razón, la fundación que dirige Trajano Vidal Potentini, entiende que ya es tiempo de que el liderazgo político dominicano “asuma con responsabilidad el momento histórico que estamos viviendo, de crisis social y humanitaria, sin precedentes por la pandemia del Coronavirus”.

Agrega que es tiempo de que tomen en serio y miren más allá de la curva, “el muy posible y lamentable vacío de poder, limbo jurídico o apagón constitucional”, que podrían generarse, en el ámbito político y democrático en la República Dominicana.

Ayer la Junta Central Electoral (JCE) anunció la posposición de las elecciones de mayo para el domingo 5 de julio y domingo 26 de julio, esta última fecha ante una eventual  segunda vuelta, una salida salomónica que contó  contó con el consenso de los partidos políticos.

Vidal Potentini precisó que no se trata de enjuiciar si es o no constitucional la medida, ya que nadie está obligado a lo imposible, máxime “cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana”.

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