En San Francisco de Macorís, la vida de ciudadanos supuestamente tiene precio económico.
Es de suma preocupación para los defensores de los derechos humanos que la politiquería que al parecer permanece dentro del palacio de justicia en la provincia de Duarte afecte solamente a los que no tienen voz.
La desigualdad de clases es notable cuando la ciudadanía se dirige a una institución publica en busca de soluciones y a exigir justicia, no son escuchados vulnerando sus derechos.
Hasta cuando seguirán violando los derechos fundamentales en nuestro país, jueces y fiscales peleándose entre ellos por mantenerse o escalar un puesto a costilla del dolor ajeno, con sus acciones están demostrando que las leyes en República Dominicana solo es un papel el cual los que deben aplicarla no las respetan.
Estamos esperanzados de que la forma en que operan algunos jueces, y fiscales se investigue y si encuentran vínculo de corrupción y abuso de poder no les pasen paños tibios.
La soga debe dejar de romperse por lo más débil.
Rebeca Henríquez
Vocera Nacional del CDDH.
