SANTO DOMINGO.- Al revocar los impuestos que el gobierno se proponía establecer, el presidente Luis Abinader ha calmado la ira momentánea de la población, y parece volver a acomodarse en la percepción de la ciudadanía, en el mismo tiempo que también arrecia la confrontación con una parte importante de la oposición, atacando casi con fiereza y de manera frontal al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a cuya administración le enrostra en público actos de corrupción de magnitudes todavía impredecibles, según sus propias palabras.
La simpatía que ha tenido la población hacia el nuevo gobierno, el que votó mayoritariamente en las urnas, por el cambio que ofreció en campaña, se vio resquebrajada el pasado fin de semana, cuando las autoridades anunciaron la intención de imponer nuevos gravámenes para obtener por esa vía, siempre reprochable, los recursos que necesita para hacer frente a sus compromisos frente al colectivo de los dominicanos.
El anuncio de las medidas impositivas, que se llegaron a incluir en el proyecto de presupuesto general del Estado año 2021, hizo que también se viera seriamente amenazada la “luna de miel” de que siempre disfrutan los gobiernos en sus inicios hasta agotar los primeros cien días.
Sin embargo, y luego de un rechazo generalizado en contra del paquete de nuevos impuestos que se pretendía, el presidente Abinader, como si estuviera escuchando y atendiendo el clamor de todo un pueblo, anunció al país, en lo que parece ser su intervención más oportuna, que dejaba sin efectos las odiosas medidas, lo que le ha devuelto la sintonía con la gente.
Algunos errores cometidos en instituciones públicas, en su mayoría rectificados a tiempo, no llegaron a provocar en su conjunto el malestar que se generó el pasado viernes cuando se reveló la noticia de los gravámenes que el oficialismo estaba planeando.
Si la popularidad del presidente Abinader frente a la población sufrió algunas grietas, su decisión de deshacer los planes impositivos le resolvió ese problema.
Confrontando al PLD
A riesgo de lo que cueste en materia política y de gobernabilidad, el presidente Abinader ha decido confrontar con ferocidad al saliente Partido de la Liberación Dominicana, con acusaciones tan serias que obligan a la entidad opositora a replegarse a una actitud de defensiva.
Sin importar que ocasionalmente necesitará del PLD en algunos escenarios, como en la Cámara de Diputados en la aprobación de leyes, y en las discusiones de los pactos eléctrico y fiscal, el jefe de Estado ha intensificado la embestida, la que ya antes iniciaron cual avanzada algunos funcionarios con denuncias e inculpaciones sobre presuntos actos dolosos en la pasada administración.
Tras venir de tener el control político del país casi de manera absoluta durante 16 años corridos, el PLD se ve ahora en una especie de acorralamiento entre un pueblo que lo sacó del poder y un gobierno que cada vez más lo empuja hacia el descrédito y lo amenaza con llevar a varios de sus exfuncionarios a los tribunales.
El anuncio del mandatario de contratar a expertos y buenos abogados para recuperarle al Estado los bienes que le habrían sido sustraídos, es una acción con propósito doble, ya que por un lado le “aprieta más el cuello” al PLD mientras que en la otra dirección le da al pueblo lo que ha estado pidiendo, que se despoje de lo robado a aquellos funcionarios que sean encontrados culpables de cometer delitos contra el erario.
