Usar y comprar cannabis para uso recreacional o medicinal y participar en la nueva industria del cannabis que nace en NY, es un tema que debe ser visto con mucho cuidado por los no ciudadanos. En esencia, esta ley estatal sigue estando en contramano con las leyes migratorias federales
El Estado de Nueva York legalizó en 2021 el uso recreacional de la marihuana y ya en esta primavera se abre la ventana para otorgar licencias de distribución y la permisología para cultivadores de la hierba, dando prioridad a las comunidades afectadas por récords criminales por la posesión de cannabis. Pero !cuidado! Si eres inmigrante. Debes tomar en cuenta que este producto está en la lista de sustancias controladas a nivel federal. En el mismo renglón de la cocaína y la heroína.
De hecho, ante la legalización en NY para el uso de adultos, algunos expertos legales y organizaciones de defensa han lanzado alertas a los inmigrantes en dos aspectos: “!Si puedes mantenerte alejado de esta nueva industria, mejor!”. Y si has tenido problemas en el pasado, con delitos relacionados con la marihuana, debes consultar a un abogado confiable, si pretendes solicitar un ajuste de estatus.
Ante este complicado dilema, el Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) en un comunicado concluyó que aunque “las leyes de Nueva York sellan o anulan una condena vinculada con la posesión de cannabis, pueden ser insuficientes para evitar que automáticamente las autoridades de inmigración usen una condena anterior para apuntar a su deportación o denegar una solicitud”.
Esta organización destaca en un informe, que los “no ciudadanos” necesitan iniciar un “proceso judicial especial”, para garantizar que sus antiguas condenas se borren, con fines de poder abordar éxitosamente solicitudes de residencias permanentes e incluso naturalizaciones.
En este panorama, la ventaja que ofrece la Ley de Regulación e Impuesto de Marihuana (MRTA) que fue aprobada por la Asamblea Estatal, es que incluye “reparaciones” y procedimientos para que estos delitos, en diferentes categorías, sean borrados de manera válida para no chocar eventualmente con las leyes federales de inmigración.
Para este tipo de “reparación” específica, el sistema judicial de Nueva York proporciona formularios en línea.
Sin embargo, el consenso de portavoces de varias organizaciones, que defienden los derechos de los inmigrantes, es que la opción más racional, es que se acudan a servicios legales antes de enviar cualquier solicitud.
Existen todavía riesgos por la posesión
En el análisis expuesto por IDP, aunque la marihuana ha sido legalizada en Nueva York, no es así en todo el país. Y esto trae consigo otra alerta: “si lo encuentran con este producto durante una interacción con la policía, en otro Estado en donde no es legal, no importará si la marihuana fue comprada legalmente en Nueva York. Usted podría enfrentar cargos criminales o sanciones”.
Esta situación incluye también un viaje en aeropuertos dentro del país, en donde se realizan inspecciones de rutina, por parte de los agentes federales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Incluso si el aeropuerto está en un estado donde la marihuana ha sido legalizada.
En la jurisdicción de Nueva York, ahora las personas pueden poseer hasta 3 onzas de este producto bajo la Ley de Regulación e impuestos de la Marihuana, o más cantidad, si es prescrita por un médico. Si alguien es capturado en posesión con una porción mayor del límite permitido, podrían ser condenadas por un delito menor de clase A.
A juicio de los expertos legales, en el caso muy particular de los inmigrantes, “esa condena puede ser usada como una base para deportación”, argumentó a medios locales Marie Mark, la directora de respaldo legal de IDP.
Según la ley federal, la condena por un delito de sustancias controladas, puede ser motivo de deportación, con la excepción de los titulares de ‘green card’ que hayan sido condenados por un solo cargo de posesión de la hierba, por menos de 30 gramos.
Por su parte, el Centro de Recursos para la Inmigración Legal (ILRC) también ha promovido la urgencia de que en los Estados, en donde se ha legalizado el cannabis recreacional y medicinal, se promuevan campañas más intensas que orienten a las comunidades.
“Las leyes estatales que legalizan la marihuana brindan muchos beneficios, pero desafortunadamente también son una trampa para los inmigrantes desprevenidos. Creyendo que no han hecho nada malo, pueden fácilmente admitir ante funcionarios que la han usado”, destacan.
La recomendación firme y sin cortapisas de ILRC, en una exposición jurídica detallada divulgada en mayo de 2021, es que quien está a la espera de algún proceso de regularización para permanecer legal en el país, “preferiblemente manténgase alejado de la marihuana, hasta que sea ciudadano estadounidense. Si realmente necesita marihuana medicinal, obtenga una consulta legal”.
Trabajar en el mercado de la marihuana legal
Desde el pasado 15 de marzo, la Junta de Control de Cannabis de NY, inició la apertura del proceso de aplicación para licencias para la instalación de dispensarios y aprobó la apertura de solicitudes de permisos para los agricultores que se les permitirá de manera condicionada y controlada la siembra de cannabis.
Ante el despegue de esta nueva industria legal, que se presume será muy lucrativa y generadora de empleos, la normativa aprobada en Nueva York da prioridad para estas permisologías a empresarios con un delito penal anterior, relacionado específicamente con posesión de cannabis.
En este punto, en donde surge una actividad potencialmente generadora de miles de puestos de trabajo, aparece a la vez otro elemento espinoso, puesto sobre la mesa por organizaciones civiles: Existen antecedentes muy claros, en los cuales personas en procesos de regularización migratoria o que aspiran ser naturalizados, por solo trabajar en esta industria legalmente establecida, tienen la posibilidad de chocar de frente con las leyes federales.
“Solicitar una licencia para vender, cultivar, entregar o participar en un negocio legal de marihuana, debido a que es un producto que sigue siendo una sustancia controlada por la ley federal, puede tener consecuencias negativas para un caso de inmigracion. Incluso, si es una actividad legal en un Estado”, pondera el Proyecto de Defensa de Inmigrantes.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, saltó a la vista de los titulares del país, el caso de Oswaldo Barrientos, un inmigrante salvadoreño de 30 años, que llegó a EE.UU cuando era un niño y obtuvo su residencia permanente cuando tenía 13.
De acuerdo con una serie de versiones periodísticas, para Barrientos el proceso de convertirse en ciudadano significaba un trámite más. Cuando llegó a su entrevista con el oficial de inmigración le negaron su solicitud, por algo que no estaba en sus cálculos: había trabajado en una empresa que cultiva marihuana en Colorado, actividad que para efectos de ese Estado, era absolutamente legal.
Para abogados y activistas consultados, este caso que trascendió a los medios, no ha sido el único.
La abogada de inmigración, María Quiroga, quien ejerce sus asesorías en Washington D.C y Nevada, en donde la hierba es legal antes que en Nueva York, corroboró a El Diario, desde la experiencia de la consulta privada, los temores de las organizaciones: “He tenido clientes trabajando en esta industria y lo primero que le he advertido, si quieren no tener problemas, e incluso ser deportables es que tienen que dejar esa actividad”.
La experta legal resume que para los efectos y la interpretación de las leyes federales, independientemente de las normas estatales, simplemente el solicitante de residencia o de naturalización está vinculado con la venta y la producción de una droga ilegal. Y si eso es detectado, las consecuencias pueden ser muy extremas.
“Cuando en un estado legalizan la marihuana, muchos inmigrantes se confunden y asumen que automáticamente tienen libertad para usarla y participar en su comercio y cultivo. Es complicado porque generalmente pagan muy buenos salarios”, analizó Quiroga.
Una barrera sobre el buen carácter moral
En efecto, la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) indica en una actualización del 19 de abril de 2019, en su página web, que “la ley federal clasifica la marihuana como sustancia controlada” y añade que “su fabricación, cultivo, posesión o distribución puede conducir a un cargo criminal y tener consecuencias migratorias“.
La agencia sostiene que “varios estados y el Distrito de Columbia (DC) han promulgado leyes para despenalizar el cultivo, posesión, distribución y uso tanto médico como no médico (recreativo) de la marihuana en sus respectivas jurisdicciones”. Pero a la vez subraya, que para la ley federal el uso de “sustancias controladas, incluso la marihuana, sigue siendo una barrera condicional para establecer un buen carácter moral (GMC) para la naturalización“.
El otro riesgo que ponen en “negrillas” expertos legales, es que inmigrantes involucrados de alguna manera en la industria de la marihuana legal, pueden enfrentarse con un proceso de deportación si las autoridades de inmigración detectan esa información cuando alguien entra a los Estados Unidos, luego de haber salido por alguna razón.
En síntesis, existe la posibilidad de que un residente que trabaja en la industria de marihuana que va de vacaciones a otro país, puede tener problemas al volver a Estados Unidos, si hay evidencias que participa en este negocio, así sea de forma legal.
En resumen: ¿Qué aconsejan los expertos legales a los inmigrantes?
- Bajo la nueva ley de Nueva York, quienes tengan una condena de marihuana tendrán este récord eliminado de su antecedente penal automáticamente, aunque esto no incluye que quedará del todo limpio ante la justicia, si además ha sido procesado por otro tipo de felonías.
- Debido a que la posesión, compra y venta de cannabis sigue siendo un delito ante la ley federal, esta “eliminación automática” no es necesariamente válida para los efectos de las leyes de inmigración.
- Los inmigrantes deben hacer diligencias especiales ante la corte, para que un juez pueda aprobar que la condena se anule completamente como antecedente penal.
- Si un inmigrante tiene una prescripción de marihuana médica, o ha ayudado para que un familiar aplique para una prescripción, podría ser una acción que eventualmente tenga repercusiones en una solicitud de ajuste de estatus, solicitud de tarjeta verde o naturalización.
- El establecimiento de un “buen carácter moral” es necesario para la naturalización, entonces se le puede negar este beneficio a un no ciudadano, si no cumple con este estándar por el uso o posesión de la hierba, de acuerdo con el criterio de las leyes federales.
- Se sugiere no usar la marihuana hasta que sea Ciudadano Americano, además se aconseja evitar trabajar en alguna posición dentro de esta industria. Si usted tiene una necesidad médica grave y debe acudir al cannabis medicinal, obtenga ayuda legal.
- Nunca salga de casa o viaje con la hierba, ni tarjeta de marihuana medicinal, o accesorios vinculados con el consumo.
- No tenga fotos o textos en su teléfono, en Facebook, o en cualquier otro lugar de usted vinculado con este producto.
- Nunca hable de cualquier conducta relacionada a la marihuana con un agente de inmigración o de la frontera, sin primero obtener un asesoramiento de un experto legal.
(Fuentes: ILRC, IDP)
Un castigo que pesó más en negros e hispanos
- 51.3% de los arrestos relacionados con la marihuana fueron de negros y el 35.2% eran latinos entre los años 2010 y 2017 de acuerdo con un informe presentado por la Contraloría de la Ciudad de Nueva York.
- Ocho veces más arrestos de personas negras e hispanas que de personas blancas por aplicaciones asociadas a la ley del cannabis. El contraste es claro: 86.5% frente a 10.5% por ciento.
- 10 vecindarios en la Gran Manzana con las mayores poblaciones de negros y latinos, representaron más de un tercio (35.1%) de todos los arrestos. Y los 10 barrios con las poblaciones negras y latinas más pequeñas apenas el 6.9%.
- 50% de estos barrios están ubicados en partes de El Bronx.
- 93% de las detenciones por posesión de marihuana en la ciudad de Nueva York en 2020 involucró a personas de comunidades hispanas o afroamericanas, de acuerdo con las estadísticas compartidas por Legal Aids
